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Ante el avance de un multimillonario proyecto petrolero de Malvinas, una ofensiva judicial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el exterior puso bajo la lupa la inacción del gobierno nacional en el ámbito diplomático para frenar el avance de la explotación de los recursos en el archipiélago.
En los últimos días, el gobierno fueguino presentó una denuncia contra la empresa Navitas Petroleum ante el regulador del mercado de valores de Israel, al sostener que «ocultó a sus inversores la ilegalidad del proyecto». La iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno de Gustavo Melella para contener el avance del proyecto de la firma israelí en consorcio con la británica Rockhopper, para extraer 1.700 millones de barriles de crudo hacia 2028, previendo multimillonarias regalías que serán volcadas en las arcas isleñas.
Impulsado por capitales israelíes y británicos, el proyecto León Marino (Sea Lion) prevé consolidar la primera explotación de los recursos adyacentes a las islas dentro de la plataforma continental argentina, a través de licencias ilegales concedidas por la administración británica que contradicen la normativa nacional e internacional.
En ese contexto, el Gobierno de Tierra del Fuego avanzó con una denuncia formal contra Navitas Petroleum ante la Autoridad de Seguridad de Israel, el organismo estatal que supervisa y regula el mercado de valores en el país hebreo, equivalente a la Comisión Nacional de Valores en Argentina.
«Desde el Gobierno de Tierra del Fuego presentamos una denuncia formal ante la Autoridad de Valores de Israel contra Navitas Petroleum. Los denunciamos por violar la ley y ocultar a sus inversores la ilegalidad de sus operaciones petroleras en el proyecto Sea Lion», sostuvo el secretario de Malvinas provincial, Andrés Dachary.