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El juicio oral y público contra los dirigentes sindicales Carlos Córdoba y Miguel Arana por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a viviendas sociales de ATE ingresará esta semana en su etapa final con el inicio de los alegatos de las partes, luego de que este viernes concluyera la ronda de testimonios.
En el proceso judicial, Córdoba y Arana están imputados por 22 hechos relacionados con supuestas maniobras defraudatorias en torno al programa de 128 viviendas del sector Barrancas del Río Pipo. Además, Eric Moscoso Panozo es juzgado por presuntas maniobras de lavado de activos.
Durante la etapa testimonial, que comenzó el lunes pasado, declararon 24 personas. Entre ellas estuvo el ex presidente del IPV, Gustavo Vázquez, quien confirmó ante el Tribunal que los imputados realizaban gestiones vinculadas a la entrega de viviendas.
También prestó declaración la directora del área Social del IPV que intervino en la operatoria de las 128 viviendas de Barrancas del Pipo. La funcionaria aseguró que, entre los postulantes presentados por ATE, detectaron siete casos de personas que no eran empleados estatales y que no cumplían con los requisitos exigidos por el Instituto Provincial de Vivienda.
A lo largo de la semana también declararon más de 20 denunciantes que se consideran damnificados por las presuntas maniobras investigadas.
En la última jornada del debate, Carlos Córdoba amplió su declaración indagatoria. Durante su exposición rechazó las acusaciones y sostuvo que desde ATE “siempre quisieron ayudar a las personas que necesitaban una vivienda”.
El juicio continuará el próximo miércoles desde las 9.30 con el inicio de los alegatos. Está previsto que el fiscal Daniel Curtale exponga primero su acusación y luego sea el turno de las defensas. En caso de extenderse las exposiciones, el Tribunal de Juicio en lo Criminal analiza dividir los alegatos en dos jornadas.