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La presidenta de la Sociedad Rural de la Tierra del Fuego, Lucila Apollinaire, expresó la preocupación creciente en la región ante la reciente resolución del gobierno nacional que permite el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, una decisión que podría tener consecuencias sanitarias y económicas de gran alcance.
Desde marzo, los productores patagónicos vienen enfrentando el debate en torno a la modificación de las restricciones sanitarias. La resolución 180 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) generó un amplio rechazo, logrando que se suspendiera esa medida hasta que se estudiaran sus implicaciones. Sin embargo, en junio, el gobierno nacional emitió la resolución 460, que autoriza la entrada de carne con hueso sin consultar previamente a las provincias afectadas, provocando protestas en toda la región.
Apollinaire explicó que las provincias de Río Negro y Santa Cruz ya han presentado amparos legales para frenar la medida, y que en toda la Patagonia también se trabaja en la elaboración de recursos legales similares. La principal preocupación se centra en la pérdida del estatus sanitario que la Patagonia ha mantenido durante años, un reconocimiento que diferencia a la región en los mercados internacionales por su producción orgánica, libre de vacunas y con controles sanitarios estrictos.
“Nos mintieron porque esas cartas de Chile y la Unión Europea no llegaron. Cuando por fin las tuvimos, la respuesta fue negativa, y se evidencia que se pierde gran parte del estatus sanitario del sur de Argentina”, advirtió Apollinaire. La pérdida de ese reconocimiento sanitario podría traducirse en la exclusión de mercados internacionales y en la disminución de las exportaciones, afectando directamente a los productores locales.