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La Cámara de Diputados comenzó a debatir un proyecto de ley presentado por la legisladora justicialista Agustina Propato que busca limitar el ingreso y despliegue de tropas extranjeras en territorio argentino. La iniciativa, discutida en el Congreso de la Nación, establece que toda presencia militar extranjera deberá estar condicionada al reconocimiento explícito de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La propuesta surge en un contexto geopolítico marcado por nuevos acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos y la posibilidad de instalar una base logística en Ushuaia, lo que generó preocupación por el eventual ingreso de fuerzas vinculadas a países aliados del Reino Unido.
El proyecto se fundamenta en la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica el reclamo irrenunciable de soberanía sobre los territorios usurpados, y en el artículo 75, que otorga al Congreso la facultad de autorizar el ingreso de tropas extranjeras. Según Propato, el objetivo es evitar que acuerdos estratégicos o necesidades económicas comprometan la integridad territorial y debiliten una política de Estado histórica.
Además, la iniciativa responde al creciente proceso de militarización del Atlántico Sur, donde el Reino Unido ha reforzado su presencia con equipamiento de última generación y ejercicios conjuntos. “Permitir la presencia de fuerzas aliadas a Londres afectaría la posición argentina en los foros internacionales”, advirtió la diputada.
Aunque desde la oposición se reconoce la importancia de mantener coherencia en la política de defensa, algunos legisladores advirtieron que una prohibición absoluta podría dificultar las relaciones con socios estratégicos que, pese a su vínculo con el Reino Unido, cooperan con Argentina en otros ámbitos.
En Tierra del Fuego, el proyecto fue recibido con expectativa por distintos sectores políticos, que destacaron su relevancia en un contexto donde la ciudad de Ushuaia adquiere un papel central como enclave logístico en el Atlántico Sur. De ser aprobado, el proyecto marcaría un precedente histórico al consolidar que la defensa de la soberanía no se limita a la diplomacia, sino también al control efectivo del territorio y a la decisión soberana sobre quién puede operar militarmente en el país.