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Tras alrededor de ocho meses de intervención nacional en el puerto de Ushuaia, trabajadores del predio y de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) reactivarán un plan de lucha cuando comience la temporada estival. Reclaman la inmediata reincorporación a sus puestos de trabajo y la restitución de la competencia portuaria al gobierno de Tierra del Fuego.
Las protestas se reanudaron días atrás, luego de meses de baja actividad, y se profundizarán en las próximas semanas, cuando comience la temporada de cruceros en la provincia. Entre los trabajadores movilizados advierten que “si no hay paz para los trabajadores, tampoco habrá paz para la intervención”.
Aunque todavía no definieron la modalidad de las medidas, anticipan un período de alta conflictividad en las inmediaciones del puerto. “No vamos a permitir que se desarrollen normalmente las operaciones con cruceros”, advierten.
La intervención del puerto de Ushuaia comenzó el 20 de enero de 2026, cuando las instalaciones quedaron bajo la órbita de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), a cargo de Iñaki Arreseygor, a través de la resolución 4/2026.
Un total de 89 trabajadores que cumplían funciones en el puerto tienen prohibido el ingreso a su lugar de trabajo. “Al puerto no pueden ingresar ni el presidente de la institución (de la DPP) [Roberto Murcia], ni el gobernador, ni el tribunal de cuentas. Hay 89 trabajadores que no pueden ingresar al puerto, pero hay más personal que se ve afectado”, explicó el vicepresidente de la DPP Miguel Ramirez.
Desde la DPP estiman que alrededor de 140 personas podrían verse afectadas directa o indirectamente, debido a que dependen de la estabilidad financiera del organismo.
El punto central del conflicto económico es que, desde la intervención, los fondos derivados del amarre de cruceros y buques en el puerto quedaron en manos de las autoridades nacionales en lugar de ingresar a las arcas de la DPP.
Los salarios de los trabajadores desplazados dependen del remanente de esa caja, que no viene percibiendo nuevos ingresos. Por eso, crece la incertidumbre respecto de hasta cuándo podrán seguir abonándose los haberes mensuales.
Franco Gastón Castillo, director administrativo contable del Puerto de Ushuaia y representante de ATE, explicó a Mundo Gremial la situación de los trabajadores desplazados:
“Lamentablemente seguimos desplazados del puerto sin poder reincorporarnos a nuestros puestos laborales. Hay un amparo sindical que esperemos que se resuelva pronto y que se encuentra en el Juzgado Federal de Ushuaia”.
El amparo fue presentado por SUTAP (Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias), que nuclea a trabajadores de las administraciones y puertos del país y pertenece actualmente a la CTA Autónoma.
En el escrito, el sindicato reclama el levantamiento de las restricciones de ingreso del personal al puerto y el cese de todo impedimento al normal desarrollo de la actividad sindical.
El planteo judicial sostiene que el accionar de la ANPYN es “groseramente ilegítimo” y cuestiona, entre otros aspectos, el desplazamiento material de las autoridades provinciales de la conducción administrativa del puerto.
También denuncia “mediante un accionar discriminatorio, un impedimiento o prohibición de hecho de ingreso a todo el personal, con excepción de aquellos que discrecionalmente admita que, en los hechos, deben ser empleados afiliados al sindicato UPSF (Unión Personal Superior Ferroviario)”.
El conflicto también llegó a Buenos Aires. Castillo y Valeria Barría denunciaron la intervención y la situación de los trabajadores de la DPP durante las XIX Jornadas Ferroportuarias 2026, organizadas por la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA).
Durante ese encuentro cuestionaron la participación de la Prefectura Naval en el esquema de intervención impulsado por el Gobierno nacional y volvieron a apuntar contra la presencia del gremio UPSF.
Pero el reclamo también tiene un destinatario dentro de Tierra del Fuego: el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.
Los trabajadores cuestionan que el jefe comunal no haya participado más activamente del reclamo por la restitución del puerto a la provincia. En un conflicto que amenaza con profundizarse justo cuando comience la temporada de cruceros, su falta de protagonismo aparece como uno de los puntos de malestar entre quienes sostienen el reclamo.
Así, mientras la Justicia mantiene bajo análisis las distintas presentaciones y la intervención nacional continúa vigente, los trabajadores preparan una nueva etapa de protesta. El comienzo de la temporada de cruceros podría convertirse en el escenario de una escalada del conflicto, con 89 trabajadores todavía impedidos de ingresar a sus puestos y con la disputa por el control del puerto todavía sin resolución.