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La ministra de Energía de la Provincia, Gabriela Castillo, explicó el esquema implementado por el Gobierno de Tierra del Fuego AIAS tras la finalización de la concesión de las áreas Angostura, Las Violetas y Río Cullen, que se encontraban bajo la operación de una UTE integrada por Roch, Secra, Crownpoint y DPG.
En ese marco, destacó que se trata de un proceso inédito para la provincia, ya que, por primera vez una concesión llega a su vencimiento sin una nueva prórroga y se inicia un proceso licitatorio para definir al futuro concesionario.
En este sentido, Castillo explicó que la finalización de la concesión «implicó un proceso de trabajo sostenido durante el último año para establecer el estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por la UTE y concretar la reversión de las áreas al Estado provincial». El 18 de agosto se formalizó la recepción de los yacimientos mediante un documento certificado por escribano de la Gobernación, por el cual la Provincia recibió las áreas y las instalaciones fijas vinculadas a la explotación.
“En una finalización de concesión, la empresa o el holding de empresas que tienen la concesión hacen la devolución al Estado, lo que llamamos la reversión de la zona, entregando la totalidad de instalaciones que recibió en su momento hace 30 y pico de años y las que construyó en el transcurso de la concesión original y las prórrogas”, detalló.
A partir de esa recepción, la Provincia acordó con Roch un esquema transitorio para evitar la interrupción de la actividad. Sobre esto, agregó que “no hay concesionario, pero estaba clara la mirada del Gobernador de que el yacimiento no se podía cerrar”, y explicó que esta decisión responde a cuestiones técnicas, productivas y laborales.
En ese marco, Roch continuará operando “por cuenta y orden de la Provincia”, mientras se desarrolla el proceso licitatorio para definir al nuevo concesionario. “Hubo una propuesta de Roch para continuar operando, propuesta que fue también un gran trabajo hacia el interior de la Secretaría para poder llegar a un acuerdo razonable, económico y operativo, para poder llevar adelante en este proceso de transición la explotación y continuar con la explotación hidrocarburífera del yacimiento”, explicó.
A su vez, la Ministra remarcó que esta modalidad supone un rol activo del Estado provincial sobre la explotación. “El que trabaje por cuenta y orden implica análisis de los costos de producción, análisis del costo de venta, análisis de la cantidad de producción”, señaló, y aclaró que no se trata únicamente de controlar cuánto se produce, sino de realizar “un balance de lo producido, de lo recaudado y de lo pagado”.
En cuanto a los trabajadores, Castillo destacó que su continuidad fue un aspecto central del acuerdo alcanzado para esta etapa y dijo que “claramente, fue un elemento central en el análisis”. En este sentido, subrayó que la UTE indemnizará a la totalidad de las personas por su historia laboral, para luego ser incorporadas por Roch durante el período de transición.
“Los trabajadores que hoy trabajan en Roch van a ser indemnizados por la UTE y, al día siguiente, cuando estén desvinculados de la UTE, serán empleados de Roch con este nuevo contrato”, precisó. De acuerdo con lo señalado por la funcionaria, se trata de contratos a término por el período que demande el proceso licitatorio, estimado en aproximadamente cinco o seis meses.
“Estamos protegiendo nuestros recursos, porque claramente los yacimientos no debían pararse, garantizar el trabajo de los 50 compañeros que trabajan en Roch y que claramente tienen la necesidad de la continuidad laboral”, sostuvo.