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Desde el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur destacamos el cambio de posición expresado por el Gobierno Nacional respecto de la defensa de los legítimos derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
La Provincia acompaña toda decisión orientada a consolidar un frente nacional, político e institucional que permita avanzar desde las declaraciones hacia acciones concretas frente a la ocupación británica y la explotación ilegítima de nuestros recursos naturales. Se trata, precisamente, de una política que Tierra del Fuego viene reclamando desde hace años y planteando de manera sostenida ante el Gobierno Nacional y la Cancillería.
En este sentido, valoramos que el Gobierno Nacional reconozca la necesidad de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur. La conformación y puesta en funcionamiento de la Base Naval Integrada constituye una herramienta relevante para ese objetivo y reafirma una convicción que nuestra Provincia sostiene desde hace tiempo: la centralidad geopolítica del Atlántico Sur y la condición bicontinental de la Argentina requieren políticas de Estado permanentes, recursos adecuados y una presencia efectiva en la región.
Sin embargo, entendemos que esta estrategia debe ser integral. Por ello, reiteramos el histórico reclamo de Tierra del Fuego para acceder a las tierras necesarias para desarrollar el Polo Logístico Antártico. Su proyección comercial, científica, logística y de servicios requiere una conducción civil y provincial que complemente la infraestructura destinada a la defensa nacional y, al mismo tiempo, fortalezca las capacidades productivas, científicas y logísticas de la Provincia.
Defensa, desarrollo y proyección antártica deben formar parte de una misma estrategia nacional, con pleno respeto por las competencias y responsabilidades de cada jurisdicción.
La firmeza que comienza a expresarse frente a la situación del Atlántico Sur debe traducirse también, de manera urgente, en la resolución de las cuestiones pendientes que afectan directamente nuestra soberanía y nuestra seguridad.
Una verdadera política de Estado para el Atlántico Sur exige, asimismo, proteger nuestros recursos naturales y adoptar todas las medidas necesarias frente a quienes contribuyan, directa o indirectamente, a su explotación ilegítima. Los recursos existentes en los espacios marítimos correspondientes a nuestras Islas pertenecen al pueblo argentino y forman parte de los derechos soberanos que la Nación debe defender mediante todos los instrumentos jurídicos disponibles.
Con esa convicción, el Gobierno Provincial impulsará ante la Legislatura un nuevo marco normativo destinado a impedir que empresas nacionales o extranjeras utilicen territorio, infraestructura o capacidades logísticas bajo jurisdicción provincial para asistir actividades vinculadas con la ocupación británica o con la exploración y explotación ilegítima de nuestros recursos naturales.
La iniciativa establecerá mecanismos específicos para identificar y sancionar operaciones de transporte, abastecimiento, asistencia técnica y apoyo logístico vinculadas con dichas actividades, y fortalecerá las facultades provinciales para adoptar medidas fiscales, patrimoniales y comerciales frente a quienes participen del sostenimiento material de la explotación ilegítima de recursos argentinos.