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El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego vetó la ley sancionada recientemente por la Legislatura provincial que pretendía dejar sin efecto la convocatoria al proceso de reforma parcial de la Constitución Provincial, al considerar que la medida resulta incompatible con principios constitucionales, institucionales y democráticos fundamentales.
Según se desprende de los fundamentos del veto, la reforma constitucional constituye un proceso institucional ya iniciado, que fue habilitado a partir de la declaración de necesidad aprobada oportunamente por la Legislatura con la mayoría especial exigida por la Constitución Provincial y materializado luego mediante la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes.
Desde el Ejecutivo sostienen que no se trata de una ley ordinaria susceptible de ser derogada por una mayoría simple, sino de la puesta en marcha de un mecanismo excepcional previsto por la propia Constitución para habilitar el ejercicio del poder constituyente derivado.
En ese marco, el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, afirmó que la decisión adoptada por la Legislatura “es inconstitucional desde el mismo momento de su tratamiento” y explicó que “la convocatoria a una reforma constitucional no es una ley simple ni una ley común, sino que pone en marcha un proceso superior vinculado a derechos constitucionales”.
Asimismo, el funcionario remarcó que “no se puede quitar el derecho al vecino a elegir o a ser elegido” y aseguró que todo el procedimiento desarrollado hasta el momento “se ha dado dentro del marco de la ley y de la Constitución”.
Canals consideró además que el veto representa una defensa de la institucionalidad y del derecho de la ciudadanía a participar en un debate trascendental para el futuro de la provincia.
Entre los argumentos expuestos por el Ejecutivo se señala que la norma sancionada por la Legislatura no busca únicamente derogar una disposición legal, sino interrumpir un proceso constitucional ya iniciado y desconocer una decisión institucional adoptada conforme a los mecanismos previstos por la Carta Magna provincial.
El texto también advierte sobre las consecuencias institucionales que podría generar una eventual interrupción de este tipo de procesos, al permitir que mayorías circunstanciales reviertan decisiones constitucionales previamente adoptadas, afectando la estabilidad de las reglas fundamentales y la seguridad jurídica.
Otro de los puntos centrales planteados en el veto es la existencia de un proceso electoral formalmente convocado. Según se argumenta, suspenderlo de manera intempestiva podría afectar la previsibilidad institucional y vulnerar derechos políticos esenciales de la ciudadanía.
Finalmente, desde el Gobierno provincial sostuvieron que los fueguinos y fueguinas tienen derecho a participar de la discusión sobre una eventual reforma constitucional, ya sea eligiendo a sus representantes o postulándose como convencionales constituyentes, dentro de un proceso expresamente previsto por el ordenamiento constitucional vigente.