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La intervención del Gobierno nacional sobre el Puerto de Ushuaia suma un nuevo foco de cuestionamiento tras la decisión de inhabilitar el muelle secundario de catamaranes. Si bien la ANPYN sostiene que el cierre responde a razones de seguridad respaldadas por un informe técnico, la medida evidencia la falta de una estrategia para recuperar y fortalecer una infraestructura esencial para la conectividad y el turismo fueguino.
La auditoría subacuática realizada por la Armada Argentina confirmó la existencia de graves problemas estructurales en el muelle de hierro, entre ellos una severa corrosión de los pilotes, pérdida de capacidad portante y daños que comprometen la seguridad de la estructura. El informe concluye que ninguno de los pilotes inspeccionados reúne condiciones adecuadas para continuar en servicio, motivo por el cual se resolvió el cierre total de las operaciones en ese sector.
No obstante, la medida despertó cuestionamientos porque la intervención nacional se limitó a comunicar el cierre de las instalaciones sin presentar un cronograma de inversiones ni un proyecto para recuperar una infraestructura esencial para la actividad turística y portuaria de Ushuaia. La falta de definiciones genera preocupación entre operadores, prestadores turísticos y trabajadores vinculados a la actividad, que dependen del normal funcionamiento del puerto durante toda la temporada.
Desde el Gobierno nacional se informó que, de manera provisoria, la operatoria de catamaranes será trasladada al muelle comercial mientras se analizan alternativas para mantener el servicio. Sin embargo, la ausencia de plazos concretos para ejecutar las reparaciones alimenta las críticas hacia la gestión de la intervención, que hasta el momento no anunció inversiones capaces de revertir el deterioro de una infraestructura estratégica para la provincia.
El Puerto de Ushuaia constituye uno de los principales motores económicos de Tierra del Fuego y una puerta de ingreso para miles de turistas que cada año realizan excursiones por el Canal Beagle o embarcan hacia la Antártida. En ese contexto, distintos actores consideran que el Gobierno nacional debe asumir la responsabilidad de garantizar no solo la seguridad de las operaciones, sino también la continuidad y el desarrollo de una actividad fundamental para la economía fueguina mediante un plan de obras concreto y financiamiento acorde a la importancia del puerto.