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Pese al legítimo e histórico reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, una nueva campaña pesquera se inicia en aguas del Atlántico Sur con la presencia de una flota española que opera bajo licencias emitidas por una autoridad británica que Argentina no reconoce. Esta actividad constituye un caso claro de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), al desarrollarse en un territorio en disputa sin autorización del Estado ribereño legítimo.
La reanudación de operaciones por parte de los 16 buques gallegos —con cerca de 1.000 tripulantes— se da en un contexto de incertidumbre científica sobre el estado del recurso calamar, cuya explotación resulta clave tanto para la economía de las islas como para los intereses comerciales de exportadores españoles, especialmente aquellos vinculados al puerto de Vigo. La flota retoma su actividad a pesar del fracaso de la campaña anterior, que registró una caída del 21% en las capturas y finalizó de forma anticipada.
Una campaña en aguas disputadas, sin control regional
La ausencia de una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP) en la zona permite que esta operatoria extranjera continúe sin ningún tipo de regulación internacional efectiva. Esta falta de controles fomenta un esquema extractivo que beneficia a intereses europeos, sin atender criterios de sostenibilidad ni respetar los derechos soberanos de Argentina.
La comunidad científica ha advertido sobre el deterioro de la biomasa de calamar, posiblemente vinculado a impactos ambientales como el aumento de la temperatura marina y los bombardeos sísmicos sobre la plataforma continental argentina. La actual campaña se presenta como una oportunidad clave para obtener nuevos datos, con el buque Prión y otras embarcaciones iniciando prospecciones sin supervisión regional ni control argentino.
Una actividad denunciada por Argentina
La Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA) reiteró en abril de 2025 que esta operatoria constituye pesca ilegal al realizarse en aguas bajo disputa sin autorización argentina y al margen de los compromisos internacionales en materia de conservación. Además, denunció que empresas españolas aprovechan este esquema para acceder a beneficios fiscales y comercializar recursos naturales argentinos sin controles ambientales ni tributarios del Estado nacional.
El calamar representa el 90% de las exportaciones pesqueras desde las Islas Malvinas hacia la Unión Europea, consolidando a este recurso como un eje geopolítico de fuerte tensión entre el Reino Unido, España, la UE, China y Argentina. La explotación ilegal de los recursos en el Atlántico Sur continúa profundizando el conflicto de soberanía y dejando al descubierto un modelo extractivo sustentado en la ocupación ilegítima y en la falta de mecanismos multilaterales de control.