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El debate del Presupuesto desató un fuerte conflicto en la Cámara de Diputados luego de que el oficialismo incluyera, en un mismo capítulo, la derogación del aumento al presupuesto universitario junto con la prórroga de la emergencia sanitaria del Hospital Garrahan y otros reclamos sensibles de las provincias.
La estrategia del Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, generó malestar entre legisladores que responden a los gobernadores, al obligarlos a respaldar un paquete de artículos entrelazados: rechazar el capítulo implicaba dejar sin financiamiento tanto a las universidades como a áreas críticas de salud y discapacidad.
El punto más controvertido es el artículo 75, incorporado dentro de un capítulo que también contempla beneficios para el Garrahan. “Quien no vote este capítulo termina siendo señalado como responsable de desfinanciar al hospital”, expresó con enojo un diputado opositor, que calificó la maniobra como “una perversión del debate parlamentario”.
En ese mismo apartado, el artículo 76 establece que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad serán fijados trimestralmente por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, mientras que el artículo 78 propone extender la emergencia sanitaria hasta diciembre de 2026.
La tensión se incrementa porque el capítulo cuestionado forma parte del título que habilita la transferencia de las cajas previsionales de 13 provincias, una demanda clave de los gobernadores en las negociaciones con la Casa Rosada. Pese a ello, ningún diputado libertario propuso una votación desagregada por títulos durante la reunión de labor parlamentaria.
Otro punto sensible para las provincias es el artículo 67, que redefine el alcance del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, destinado a financiar las compensaciones por el régimen de “zonas frías” en la Patagonia, Malargüe y la Puna. La inclusión de este artículo busca condicionar a los legisladores que defienden ese beneficio a acompañar el resto del capítulo, incluido el cuestionado artículo 75.
La disputa se reflejó desde el inicio de la sesión, cuando el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, logró imponer la votación “capítulo por capítulo”, frente a la resistencia del peronismo, la izquierda y el bloque de Provincias Unidas. Germán Martínez reclamó que la votación se realizara artículo por artículo, mientras que el radical Pablo Juliano recordó antecedentes en los que incluso se votó por incisos, en alusión a la primera versión de la ley ómnibus.
En ese marco, Cecilia Moreau denunció la modalidad como “un fraude parlamentario”, y Juliano impulsó una moción alternativa para habilitar, al menos, la posibilidad de separar artículos específicos durante el debate