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El Tribunal de Juicio de Ushuaia tiene previsto para el próximo 18 de mayo el inicio del debate oral y público en la causa que tiene como principales imputados al secretario general de ATE, Carlos Córdoba, y al responsable del área de Vivienda del gremio, Miguel Ángel Arana. Ambos sindicalistas están acusados de llevar adelante una maniobra fraudulenta en el marco del plan que dio origen al barrio «128 Viviendas ATE», donde prometieron la «casa propia» a cambio de dinero.
Según la acusación, las víctimas realizaron pagos con la esperanza de ser incluidas en los listados de beneficiarios que confeccionaba el sindicato, en un contexto donde el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) solo verificaba requisitos formales, delegando de hecho la política habitacional en la entidad gremial durante la gestión de la exgobernadora Rosana Bertone.
La fiscalía sostiene que Córdoba, como secretario general, no podía desconocer la maniobra. Durante la instrucción se acreditó que el dirigente no solo realizó gestiones administrativas ante el IPV, sino que también recibió reclamos de afiliados que habían pagado y nunca vieron concretado su sueño de la vivienda propia.
Además de la estafa, ambos enfrentan cargos por administración fraudulenta y falsificación ideológica de documentos, mientras que otros integrantes del gremio fueron sobreseídos en etapas previas del proceso.
El juicio también sentará en el banquillo a Erik Enrique Moscoso Panozo, un agente externo al gremio acusado de «lavado de activos». Según la investigación, parte del dinero defraudado —estimado en más de 8 millones de pesos y cerca de 52 mil dólares, previo a 2018— habría sido utilizado para adquirir maquinaria de manera ilegítima y montar una empresa.
A pesar de la fecha establecida, el futuro del debate es incierto. Las defensas de los imputados han solicitado una «suspensión del juicio a prueba», un recurso que ya fue rechazado en primera instancia y actualmente espera resolución por parte de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones