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La reforma de la ley Nº26.639, que regula los presupuestos mínimos ambientales para la protección de glaciares y ambiente periglacial, ingresó al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso y activó una de las discusiones más sensibles de los últimos años, vinculada al medio ambiente y la productividad. El debate en particular probablemente tenga lugar el próximo martes 10 de febrero, en medio de un clima de fuerte tensión política y social.
El Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, impulsó el proyecto con el objetivo de redefinir el alcance de la norma vigente y ampliar la capacidad de decisión de las provincias sobre sus recursos naturales. La iniciativa se presentó como una corrección técnica, pero generó un amplio rechazo de sectores científicos, jurídicos y ambientalistas.
El eje del conflicto se concentró en un punto clave: mientras la ley actual prohibió de manera expresa la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y periglaciares, el nuevo texto habilitó a las autoridades provinciales a autorizar determinadas actividades productivas bajo su competencia.
Desde el punto de vista constitucional, la discusión no resulta menor. La Constitución Nacional, en su artículo 41, estableció que la Nación dicta los presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que las provincias conservan la facultad de dictar normas complementarias.
La pregunta de fondo fue si la ley de Glaciares constituyó ese piso infranqueable o si, en los hechos, configuró un régimen de prohibición absoluta.
El proyecto oficial planteó que la norma vigente restringió de forma excesiva la capacidad de las provincias para gestionar recursos cuyo dominio originario les pertenece.
En contraposición, el Observatorio de lo Silvestre advirtió que la reforma “desmantela la esencia misma de las leyes de presupuestos mínimos”, al permitir que las jurisdicciones locales perforaran el umbral de protección nacional.
En esa línea, la abogada ambientalista Valeria Brunone sostuvo que el texto “no actualiza la ley, sino que la desnaturaliza”, al introducir excepciones donde existieron prohibiciones claras y debilitar el principio precautorio. Según explicó, esto implicó “un retroceso normativo tuitivo en beneficio de un único sector económico”.