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El juicio por las presuntas maniobras fraudulentas en la adjudicación de viviendas vinculadas a Asociación de Trabajadores del Estado sumó este martes un testimonio comprometedor contra el dirigente sindical Carlos Córdoba y el exreferente gremial Miguel Ángel Arana. Ante el Tribunal, el comerciante Gerardo de la Trinidad Argüello aseguró haber entregado cerca de 300 mil pesos en el marco de una operatoria que, según le explicaron, debía ser avalada por Córdoba para acceder a una vivienda en Ushuaia.
Argüello, propietario de una farmacia y uno de los damnificados en la causa, brindó detalles sobre cómo habría sido captado para ingresar al supuesto esquema. Según relató ante el Tribunal, el primer vínculo lo estableció con Daniel Belbey, con quien mantenía una relación de amistad. A través de él conoció a Arana, quien le comentó que existían adjudicatarios que abandonaban la provincia y desistían de los planes habitacionales que les habían sido otorgados.
De acuerdo con su testimonio, Arana le explicó que Córdoba les había solicitado tanto a él como a Belbey que buscaran personas “de confianza” capaces de aportar el dinero requerido para acceder a una vivienda y afrontar luego las cuotas correspondientes. El monto exigido en ese momento rondaba los 300 mil pesos.
El comerciante sostuvo que decidió avanzar con la propuesta y para ello vendió un terreno que poseía en Mendoza, valuado en unos 270 mil pesos. “Les fui entregando el dinero en seis cuotas a Belbey y Arana”, afirmó ante los jueces.
Argüello también describió cómo, según dijo, la operatoria aparentaba total normalidad. Indicó que en reiteradas oportunidades fue acompañado por Arana a recorrer departamentos para elegir cuál le correspondería. “Fuimos por lo menos diez veces a ver distintas unidades”, señaló.
Sin embargo, explicó que cuando comenzó a exigir documentación respaldatoria le respondieron que no podían avanzar con papeles formales hasta tanto estuviera definida la persona que figuraría como adjudicataria. En ese contexto, contó que eligió a su hijo para iniciar trámites ante el Instituto Provincial de Vivienda.
El quiebre se produjo cuando se difundió el listado oficial de adjudicatarios y comprobó que ni él ni su hijo figuraban entre los beneficiarios. “Busqué al señor Belbey y directamente negó haber recibido dinero mío”, declaró. A partir de allí decidió recurrir a la Justicia y aseguró haber sido el primero en radicar una denuncia penal por el caso.
En otro tramo de su declaración, Argüello relató un episodio posterior a la denuncia que involucró directamente a Córdoba. Según sostuvo, fue convocado a una reunión donde había alrededor de quince personas y se sintió intimidado. “El señor Córdoba dijo delante de todos: ‘vamos a ver qué le ofrecemos a este señor en recompensa por lo que dice que aportó, quizás una casita o un terreno’”, recordó.
El comerciante afirmó que aquella situación le resultó “desagradable” y que, desde entonces, dejó de mantener cualquier contacto vinculado a la operatoria hasta avanzar formalmente con representación legal en la causa.