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El histórico dirigente de ATE, Carlos Córdoba, comenzó a ser juzgado este lunes en una causa que expone un presunto esquema de manejo discrecional y negocios alrededor de viviendas sociales destinadas a trabajadores estatales afiliados al gremio.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dio inicio al juicio oral y público contra Córdoba, Miguel Arana y Eric Moscoso Panozo por una serie de maniobras presuntamente vinculadas con la adjudicación irregular y comercialización de casas del plan de 128 viviendas de Barrancas del Río Pipo.
La causa golpea de lleno a la conducción sindical de ATE y particularmente a Córdoba, quien durante años concentró poder político y gremial en la provincia. La acusación sostiene que desde esa estructura se habrían ofrecido soluciones habitacionales a personas que no cumplían con los requisitos para acceder a las viviendas sociales, utilizando la influencia del sindicato y gestiones ante organismos públicos como el IPV.
De acuerdo con la investigación, quienes buscaban ingresar a los listados de adjudicatarios debían entregar dinero, vehículos, cheques y otros bienes a cambio de obtener un lugar. El esquema habría funcionado bajo el paraguas de la estructura gremial, transformando una política habitacional destinada a trabajadores en una presunta herramienta de recaudación y favores.
El fiscal Daniel Curtale detalló durante la primera audiencia los 22 hechos por los cuales Córdoba y Arana llegan imputados al debate oral. La acusación apunta a presuntas maniobras defraudatorias reiteradas vinculadas con el manejo de las viviendas del sector Río Pipo.
Uno de los momentos más delicados para el histórico sindicalista ocurrió durante la declaración de Miguel Arana. El imputado decidió hablar ante el Tribunal y apuntó directamente contra Córdoba como el destinatario de los fondos obtenidos en las operaciones investigadas.
En contraste, Córdoba eligió no declarar ante los jueces en esta primera jornada, evitando responder sobre las acusaciones que lo ubican en el centro del supuesto entramado.
Por su parte, Eric Moscoso Panozo enfrenta cargos por presunto lavado de activos. Según la acusación fiscal, habría adquirido maquinaria vial utilizando fondos provenientes de las maniobras bajo investigación.
El Tribunal está presidido por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía, junto a los jueces Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.
El juicio continuará este martes desde las 9.30 con la etapa de producción de prueba y la declaración de testigos. En total, está prevista la participación de alrededor de 20 personas.