
Mientras el Reino Unido continúa ejerciendo un control ilegítimo sobre las Islas Malvinas, el gobierno colonial instalado en el territorio argentino ocupado aún espera que Argentina avance con compromisos asumidos en septiembre de 2024, en el marco de una cuestionada instancia de cooperación bilateral. Aquel acuerdo, promovido como un gesto de distensión, incluyó temas como el intercambio de información pesquera, la reanudación de un vuelo civil y las visitas humanitarias de familiares de caídos argentinos en el cementerio de Darwin.
Sin embargo, las acciones promovidas desde Puerto Argentino, bajo la tutela de Londres, se inscriben en una estrategia más amplia de consolidación de una presencia colonial que Argentina, con respaldo regional e internacional, rechaza por ilegítima. La saliente “gobernadora” británica Alison Blake —funcionaria designada por la Corona— finalizó su mandato con un discurso ante la Asamblea Legislativa local, un órgano que no tiene reconocimiento soberano por parte del derecho internacional, recordando los supuestos “avances” diplomáticos del enclave británico.
Durante su despedida, Blake —primera mujer en ocupar el cargo— fue elogiada por su defensa del llamado “derecho a la autodeterminación” de los habitantes implantados en las Islas, una narrativa contraria a las resoluciones de la ONU que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina, sin que la población actual pueda ser considerada sujeto del proceso de descolonización.
La funcionaria también celebró las incursiones diplomáticas del enclave en organismos y países que respaldan su estatus de territorio británico de ultramar, ignorando la posición firme de la comunidad internacional que reclama negociaciones bilaterales por la soberanía. En ese marco, destacó visitas a Naciones Unidas y al Comité de Descolonización (C-24), donde año tras año se reafirma el llamado a una solución negociada con Argentina.
Mientras se desarrolla esta agenda de legitimación colonial, la situación interna de las Islas enfrenta severos desafíos. El presupuesto 2025/2026, según anunció el propio director de Finanzas, refleja un contexto de austeridad. La caída en las capturas de calamar —principal fuente de ingresos del enclave— y una serie de inversiones en infraestructura presionan las finanzas de las Malvinas, que dependen cada vez más del endeudamiento externo: casi 200 millones de libras esterlinas en préstamos de la banca privada.
Estos datos evidencian la fragilidad estructural de una economía artificialmente sostenida en un territorio que permanece bajo ocupación desde 1833. El enclave se prepara para elecciones legislativas en noviembre, pero se mantiene ajeno al principio de integridad territorial, ignorando el mandato internacional de resolver la disputa en el marco de la soberanía argentina.
Más allá de los actos protocolares y las ceremonias militares que intentan proyectar una imagen de estabilidad, el caso Malvinas continúa siendo un claro ejemplo de colonialismo del siglo XXI, que espera ser resuelto conforme al derecho internacional y al reclamo legítimo de Argentina.