El oficialismo en el Concejo Deliberante apeló en la ultima sesión ordinaria del jueves a una polémica maniobra para reconsiderar varios de los proyectos de ordenanza que no habían contado con los votos suficientes para su sanción.
El más polémico de todos fue el elaborado por la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial que el miércoles no logró los votos suficientes para su sanción y que planteaba en sus orígenes la implementación de un nuevo impuesto municipal para las familias que ocupen predios de forma irregular en la ciudad.
Si bien, el vuotismo retrotrajo la aplicación del nuevo tributo, la iniciativa llegó al recinto con aspectos poco claros para los vecinos. De hecho varias de las familias que esperan regularización en zonas altas de Ushuaia se hicieron presentes al recinto para solicitar que el tema sea analizado en el ámbito de las comisiones y que permita el aporte de los vecinos.
Además de la resistencia que plantearon los vecinos, el oficialismo se encontró con un asunto que no logró los 4 votos necesarios para su sanción. Ante la posibilidad que el proyecto sea enviado a archivo, Pino aceptó la propuesta del mopofista Ricardo Garramuño para que el tema sea girado a comisión.
Todo cambió el jueves, ante la ausencia por enfermedad del concejal Juan Manuel Romano (FORJA), el vuotismo volvió a la carga con el asunto y pidió la reconsideración del asunto. La votación resultó con un empate a 3, por un lado los ediles del FDT y por el otro (MPF y De la Ciudad) que solicitaron que se mantenga la decisión de analizar el tema en la comisión. Finalmente desempató Pino, desde la Presidencia por la sanción abreviada del asunto y dejando de lado el compromiso asumido 24 horas antes.
La polémica iniciativa otorga nuevos lineamientos para la adjudicación de predios ocupados irregularmente. La anterior iniciativa no contemplaba la posibilidad de regulación para las familias que ocuparon de manera irregular posterior a 2015.
En lo concreto implicará que más familias en barrios informales -sin servicios- comiencen a abonar el denominado “Derecho de Regularización” que representa el pago del 50% del valor del terreno a preadjudicarse.
Para Garramuño (MPF), el único objetivo del proyecto es seguir entregando tierras sin servicios y recaudar más dinero para financiar la campaña electoral del vuotismo en 2023.
Por otro lado, el concejal Javier Branca (De la Ciudad) calificó de “gestión berrera” la de Vuoto. “Hacen las cosas a espaldas de la gente. El único interés es el de recaudar”, indicó.