Melella dijo que Tierra del Fuego realizará control de precios

El gobernador Gustavo Melella dijo que la Provincia realizará "tareas de fiscalización, control, juzgamiento y sanción" para que se cumpla con el programa de congelamiento de precios que regirá hasta el 7 de enero próximo. Lo planteó en un encuentro encabezado por el presidente Alberto Fernández en la que los gobernadores respaldaron las medidas adoptadas por Nación para contener la suba de precios por 90 días.

El encuentro se enmarca en la decisión de la Casa Rosada de sumar a provincias, intendencias y asociaciones de consumidores al control de precios y abastecimiento de la canasta de 1.432 productos de consumo masivo.

La reunión contó con la presencia del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

En el encuentro los Mandatarios provinciales que participaron coincidieron en la necesidad de construir un gran acuerdo para contar con una canasta alimentaria amplia, regulada, de acceso masivo, al entender que el consumo de los argentinos no puede estar sujeto a estas tensiones de precios.

“La suba persistente de los precios está castigando mucho la economía de los hogares de los argentinos. La fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor final es una medida al corto plazo para evitar que la especulación afecte la recuperación económica que estamos registrando luego de los efectos nocivos de la pandemia”, dijo Melella.

En este sentido, el Gobernador fueguino subrayó que “estamos defendiendo un modelo de país basado en la producción y el empleo; y es momento de trabajar entre todos y todas para crecer y vivir como nos merecemos”.

“Acompañaremos desde las provincias las tareas de fiscalización, control, juzgamiento y sanción de las disposiciones establecidas para el control de precios”, confirmó Melella luego del encuentro al que participó en forma remota.

“Las medidas de corto plazo son necesarias, pero no suficientes”, insistió Melella al entender que deberán delinearse acciones que “brinden garantía de rentabilidad razonable a las empresas, pero principalmente el acceso de la población a los productos a precios accesibles y la protección de los actores más débiles de la cadena productiva”.