Alonso -ingeniero en Petróleo, ex YPF, con un paso de cinco años al frente de Haldor Topsoe, la mayor empresa de ingeniería de Dinamarca- tiene en su cabeza temas más cercanos que la tensión entre el Presidente y su vice. A corto plazo, su preocupación es cómo hacer que las crisis logística y de semiconductores -dos consecuencias globales de la pandemia- impacten de la menor forma posible al gigante fueguino, que emplea a 3700 personas entre siete unidades de negocio, que van desde la fabricación de electrónica para industria automotriz a la de celulares y televisores, retail, desarrollo de software y exportaciones agrícolas.
A mediano, ve cada vez más cerca el 31 de diciembre de 2023, fin del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Más allá de ciertas señales, la falta de definiciones es, por ahora, la única certeza.
Hace un año, sus preocupaciones eran que los celulares habían quedado afuera de Ahora 12 y la falta de definiciones sobre la prórroga del régimen de Tierra del Fuego. Parece un déjà vu.
Ambas cosas son muy importantes para el sector. Los planes Ahora son una herramienta que dinamiza el consumo. Venimos de unos 2018 y 2019 muy malos y de un 2020 que, con pandemia, también fue un año malo. La verdad es que hubiera venido bien incluir el programa para celulares. Habrá habido razones para no incluirlos.
¿Cuáles?
Es un programa costoso. Nosotros intentamos encontrar un acuerdo intermedio, que incluyera celulares con precios de hasta determinado monto. Pero no voló. Vamos a esperar al nuevo vencimiento del programa y volveremos a la carga, a ver si lo podemos conseguir.
¿Es algo imprescindible para la venta de celulares?
Desde ya. Hoy día, el formato de compra sin interés es condicionante para el mundo de los celulares. Un tícket promedio hoy es de $ 60.000. Pero hay modelos de $ 140.000, $ 150.000. La venta financiada es lo que verdaderamente hace al mercado. Nosotros, en nuestro negocio de retail, hacemos un esfuerzo enorme y tratamos de dar algunas cuotas. Pero las tasas son tan altas, que no podemos dar más de una o dos, no mucho más con los márgenes que hay. Y eso no alcanza.
Un argumento del Gobierno fue que el mercado de celulares tiene buenos volúmenes, no hace falta incluirlo en el plan.
La venta está mejor. Indudablemente. Hay una demanda más importante. Pero, también, un problema grave: el suministro de piezas del exterior. No están llegando todos los materiales que quisiéramos o tuviésemos la capacidad de vender. Esto, sumado a la falta de financiamiento, hace que el sector siga estando bastante golpeado. Las ventas están mejores, lo reconocemos. Existe una demanda que no había años atrás.
¿De qué volumen será el mercado este año?
Calculo que será de 8,2 millones de teléfonos celulares, contra 6,3 millones que fue en 2020. Podría haber sido un número más alto este año. Pero no hay producto. Hoy día, se están manejando inventarios de canal muy por debajo del estándar, que es de 12 semanas. Estamos en seis, máximo. De cara a dos eventos importantes (el Día de la Madre y el Black Friday), no vamos a tener producto suficiente.
¿Por la crisis de semiconductores o por la falta de dólares?
La crisis de semiconductores es un temón. No hay un solo sector de la industria que no lo esté sufriendo: la automotriz, la electrónica de consumo, otros rubros electrónicos, línea blanca, línea marrón…Todo lo que use placas electrónicas. El otro tema es la crisis de la logística. El precio se disparó. Antes, teníamos fletes de China a Buenos Aires por u$s 1200 el contenedor. Hoy, de u$s 12.000. Es súper impactante.
¿Cuánto tiempo se espera que dure esta situación?
Estas dos cosas van a durar, por lo menos, hasta mayo, junio, julio del año que viene. Todo el mundo está afectado. Hay terminales automotrices que están parando por falta de productos electrónicos. Tenemos un impacto fortísimo.
¿Cómo lo gestiona?
La casa central de cada terminal está hablando con sus proveedores. Les dan un cupo y deciden en qué filial lo van a utilizar. Se está administrando pobreza. La terminal para programadamente, en función de la situación de cada uno. Así se administra.
¿Mirgor debió parar producción por esta razón?
No todavía. Sí tenemos producciones más bajas. En televisores, por ejemplo, teníamos trabajadores de prestación discontinua y tuvimos que mandarlos algunos días a casa. Con las automotrices, cuando llega material, trabajamos. Cuando no lo tenemos, hacemos capacitación. En la medida que lo podamos manejar, lo hacemos. Si se prolonga mucho, habrá que pensar en suspensiones u otra cosa.
El otro gran tema de agenda es la falta de renovación del régimen de Tierra del Fuego. Vencerá en 2023 y todavía no tienen novedades.
Estamos esperanzados en que la renovación tiene que salir. Y relativamente pronto. El Gobierno dio señales. Lo que todavía no está es el marco de esa extensión, cuáles serán las normativas. Siempre estamos a la espera de que podamos tener la oportunidad de dialogar con el Gobierno y encontrar un acuerdo para que ocurra.
Mientras tanto, los días siguen pasando…
El tema es imperativo. Para nosotros, ya es un must: tenemos que confirmarle a las terminales automotrices si podremos continuar con el proceso de fabricación y localización de piezas. Seguimos a la espera. Pero un poco más tranquilos, al entender que el régimen se va a extender.
¿Las automotrices tienen paciencia?
Tenemos la ventaja de que estamos en un país con muchísima volatilidad. Pero las terminales son parte de esta industria y entienden que hay que tener una suerte de salto de fe. Para ellos también es un tema clave: si se termina el régimen de Tierra del Fuego, la Argentina pierde el 70% de sus exportaciones de vehículos.
¿Cómo es eso?
Entre climatización y electrónica, hoy, Tierra del Fuego le da a las automotrices entre el 7% y el 12% de la integración regional de partes. Somos proveedores de GM, Ford, Volkswagen, Toyota… Si el régimen continúa, la industria automotriz seguirá en la isla más allá de 2023. El Gobierno va a dar señales que permitan que sigamos cotizando proyectos a futuro. Pero, técnicamente, hoy, no puedo dar garantías de cumplimiento de un contrato. Las terminales lo entienden y lo aceptan con alguna irregularidad.
¿Por qué?
Tenemos una relación de larguísimo plazo. Nunca les fallamos. Además, localizar un producto en la Argentina es algo extremadamente difícil. Si lo deslocalizás, no lo localizás más. Casa matriz lo ve como un paso en falso grave. Por eso, hay que cuidar muchísimo el régimen. Las terminales nos están ayudando mucho.
En función de los plazos industriales, ¿hay alguna fecha límite para definir la continuidad? ¿O se puede seguir esperando al 31 de diciembre de 2023 para
la prórroga?
Lo hemos dicho en todos los idiomas posibles: fin de este año tiene que ser el deadline para que esto tenga alguna noticia. Para bien o para mal. O marzo de 2022. Pero no podemos irnos a mitad del año que viene porque ya no queda tiempo. Además, hay otro problema más grande: al no tener visibilidad de la extensión, la mayoría de las empresas localizadas en Tierra del Fuego redujeron sus inversiones. Nadie invierte sin previsibilidad de retorno.
¿Mirgor ya lo ‘pagó’, quedándose afuera de proyectos por esta incertidumbre sobre la continuidad del régimen?
Oficialmente, no. Extraoficialmente, no puedo asegurarlo. En uno de los proyectos automotrices más importantes que se ejecutan ahora, directamente, no nos invitaron a cotizar. Pese a que es una terminal a la que le proveíamos climatizadores desde hacía décadas. Para su nuevo modelo, directamente, no nos invitaron. Puedo entender que, en parte, haya sido por esto.
Otro tema pendiente es la aprobación de la compra de los activos locales de
fabricación de celulares de Brightstar. ¿El Gobierno no quiere hacerlo?
Hasta ahora, lo que salió fue un informe preliminar de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Nos hicimos eco de todo lo que nos pidieron ahí. Esencialmente, que bajo ninguna circunstancia unifiquemos las operaciones; que las tuviéramos separadas hasta que esté el dictamen definitivo. Estamos en el proceso de preguntas y respuestas. Esperamos que nos llamen a una audiencia de diálogo, en la que ellos puedan presentar sus preocupaciones y nosotros, alternativas para mitigarlas. De ahí saldrá el dictamen final.
¿Se aprobará?
No tiene por qué no salir bien. Hay un mercado abierto, con varios jugadores. El precio lo pone el mercado: si uno pone un precio por arriba de la competencia, no lo vende. No veo un riesgo grande de que tengamos un susto. Estoy esperanzado de que tengamos intercambio de propuestas. Y la CNDC se asegurará de que siga habiendo fair play en la venta de celulares.
Una de las críticas al régimen de Tierra del Fuego es que se termina pagando caro por los celulares.
Se hicieron muchos estudios. No fabricar en Tierra del Fuego e importar producto aumentaría los precios entre 20% y 25%. En eso, el tema es clarísimo. Pasó con las notebooks: se abrió la importación y hoy tenemos el precio más caro de la región. Y la oferta no es la mejor: consumimos lo que queda en el mercado (y lo que llega). El Gobierno anterior tuvo buena intención. Pero el resultado fue horrible. Y, encima, se perdieron 7000 puestos de trabajo.
¿Planea nuevos centros de desarrollo de software, además del que abrió este año?
Estamos pensando en un segundo software factory en Mendoza. Queremos abrir cuatro, cinco centros en los próximos cinco años. Ya dimos el paso inicial, con el primero en Tierra del Fuego. En los primeros años, se dedicará a suplirnos de software, de aplicativos para fabricación, en la planta. Somos consumidores seriales de eso. Si es un éxito, pensamos en desarrollar software para exportación. Tenemos alto potencial.