El Ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández, quien estuvo acompañado por el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, expuso en la Audiencia Pública por Fondos de Coparticipación a los municipios. Ante el Superior Tribunal de Justicia reiteró que “desde el Ejecutivo Provincial negamos rotundamente que las sumas pretendidas por los municipios constituyan deuda”.
“Incluso solicitamos que sean veraces en las cifras que alegan, porque conceptos como deudas tributarias y fondos pendientes del Fideicomiso Austral no son tema en esta instancia. Para ello, los hemos convocados reiteradas veces a trabajar. Aún esperamos respuesta, por ejemplo del Municipio de Río Grande por el convenio remitido a fines de abril a suscribir, siendo que la conciliación ha llegado a su fin” agregó.
De igual modo, entendió que “negamos que la normativa vigente obligue a la Tesorería General de la Provincia a transferir los recursos coparticipables, de origen nacional, el mismo día que efectivamente ingresen los fondos a las arcas provinciales, como pretenden los Municipios”.
En ese sentido, el titular de la cartera económica insistió en que la gestión actual de Gobierno ha brindado previsibilidad financiera a los Municipios desde el primer día de asunción, asegurando que “en el primer mes de gestión se transfirieron más de $764 millones de pesos a los Municipios de Río Grande y Ushuaia, mitad a cada uno. Siendo $ 98,9 millones, correspondientes a recursos del mes de noviembre que no se habían transferido al momento de nosotros iniciar la gestión de Gobierno”.
Esta decisión política también se ve reflejada “al haberse comprometido, previo a que estalle la pandemia por COVID-19 en el año 2020, a establecer un piso $300 millones por mes a los municipios, y dando certeza a los mismos de transferir regularmente según los plazos establecidos por la normativa vigente. Actualmente dicho piso no existe dado se ha mejorado el perfil de cumplimiento y se transfiriere según la evolución de la recaudación tributaria” remarcó el Ministro.
Respecto a la resolución 665/09, Fernández aseguró que “sí obliga al Gobierno Provincial a emitir dentro de los 90 días corridos los Decretos de “saldos definitivos mensuales” y cancelarlos. Siendo los saldos definitivos las diferencias entre los recursos percibidos y los transferidos, una noción básica contable”.